Puede alguien gobernar con plena objetividad cuando su historia personal está marcada por la violencia?
Colombia no es un país cualquiera. Es una nación que ha cargado más de seis décadas de conflicto armado, con más de 9 millones de víctimas registradas y cientos de miles de muertos. En ese contexto, no es extraño que quienes aspiran al poder también estén marcados por tragedias personales. Lo verdaderamente inquietante es que no nos preguntemos si esas heridas influyen —y cuánto— en la forma de gobernar.
Álvaro Uribe Vélez llegó al poder con una historia profundamente atravesada por la violencia: el asesinato de su padre. Ese hecho, imposible de minimizar, moldeó una visión de país centrada en la seguridad y el uso intensivo de la fuerza del Estado. Bajo su gobierno, Colombia logró avances importantes contra grupos armados, pero también enfrentó uno de los episodios más dolorosos de su historia reciente: más de 7.800 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como “falsos positivos”. Cuando la línea entre seguridad y exceso se desdibuja, el costo humano es inmenso.
Pero este no es un juicio a un solo sector. En el otro extremo, Iván Cepeda Castro representa una historia igualmente marcada por la tragedia. Su padre fue asesinado en medio de la violencia política que también exterminó a miles de miembros de la Unión Patriótica. Esa memoria, legítima y dolorosa, inevitablemente influye en su forma de entender la justicia, la paz y el papel del Estado. La pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿puede alguien con una herida tan profunda decidir con total imparcialidad sobre el uso de la fuerza?
El caso del actual presidente, Gustavo Petro Urrego, refuerza esta reflexión. Su pasado en el M-19 y su apuesta por la negociación con grupos armados han sido interpretados por muchos como una política que ha debilitado el control territorial. Los recientes hechos de violencia en distintas regiones del país evidencian que las decisiones en materia de seguridad no pueden depender de afinidades ideológicas ni de deudas emocionales con el pasado.
El problema no es haber sufrido. El problema es gobernar desde el dolor.
Colombia necesita líderes capaces de procesar su historia personal sin convertirla en política de Estado. Gobernar exige equilibrio, templanza y una profunda responsabilidad ética. Porque cuando el poder se ejerce desde la herida —ya sea desde la rabia o desde la culpa— el país entero termina pagando las consecuencias.
Por eso, más que una inhabilidad legal, lo que aquí se plantea es una pregunta ética de fondo: ¿debería alguien profundamente marcado por la violencia tomar decisiones sobre la vida, la seguridad y la fuerza del Estado?
Gobernar no puede ser una extensión de la historia personal. Debe ser, ante todo, un acto de serenidad y justicia
